Los gobernadores se plantan: reclaman un reparto más justo del impuesto a las naftas

En un gesto inédito de unidad política, los gobernadores de las 23 provincias argentinas y el jefe de Gobierno porteño se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para exigir una reforma en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y una mayor equidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Durante el encuentro, los mandatarios firmaron un documento conjunto que propone la eliminación de los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles, con el objetivo de que esos recursos sean asignados directamente a las provincias y a la Nación según los criterios de coparticipación establecidos por la Ley 23.548.

“Queremos un federalismo real, con autonomía para decidir sobre nuestros recursos y responder a las necesidades de nuestra gente”, expresó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al finalizar la jornada.

Entre los gobernadores estuvo Martín Llaryora, que no hizo declaraciones.

La propuesta, que será presentada como proyecto de ley en el Congreso, cuenta con el respaldo de todos los gobernadores, incluidos los considerados aliados del oficialismo. Según trascendió, el texto podría ser aprobado por mayoría absoluta, lo que dejaría sin efecto un eventual veto presidencial.

Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció el reclamo, pero advirtió: “Siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números”. A la reunión asistieron en representación del Ejecutivo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quienes acercaron una contrapropuesta técnica que quedó bajo análisis.

El reclamo de los gobernadores se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída de la recaudación y paralización de la obra pública nacional. “La crisis social y económica golpea con fuerza en las provincias, y necesitamos herramientas para responder con eficacia”, señaló uno de los mandatarios.

La iniciativa marca un nuevo capítulo en la tensión entre las provincias y la Casa Rosada, y podría redefinir el equilibrio de poder fiscal en la Argentina.