Marcar lo que está mal no alcanza para saber qué se quiere hacer

El Gobierno nacional acaba de anunciar finalmente, sobre el límite temporal que le otorgó el Congreso con las facultades delegadas, cambios en la organización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
La medida, cuyos detalles se desconocían, alcanzó a la autonomía del organismo y a la gobernanza en primer término, dos características esenciales que definían su histórico funcionamiento.
Es decir, a partir de ahora será una dependencia más de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Y además, dejará de tener un consejo nacional como órgano de conducción colegiada y pasará a ser dirigido por un presidente dispuesto por el Gobierno y que tendrá a su vez un consejo asesor integrado por 7 representantes, de los cuales 4 pertenecerán a las entidades del campo, según detalló el decreto conocido esta semana. Los otros tres lugares serán ocupados por personas definidas por el Gobierno.
Esto cambiará de raíz la dinámica que caracterizaba al Instituto y también el modo de participación de los actores del sector privado que vinieron siendo parte de la conducción del organismo desde su creación. A partir de ahora su rol quedará relegado al de un consejero pero sin definiciones debido a que incluso en el consejo asesor las posiciones de las entidades podrían quedar eventualmente en minoría ante el doble voto del presidente, que es quien conduce el cuerpo y con el cual serán 8 en la práctica las sillas.
Los argumentos que ofreció el Gobierno para establecer este, y otros cambios en otros organismos, fue que el Inta tenía una planta de personal sobredimensionada, una estructura a lo largo del país que no siempre cuenta con una utilidad visible, hectáreas de campo sin uso aparente, y líneas de investigación que se habían apartado de la esencia del instituto, y que se volcaron más a la sociología que a la producción y la innovación.
Las entidades del campo vinieron expresando en todo este tiempo que la modernización y actualización del Inta debía ser una misión urgente, incluso contemplando un escenario de restricciones como el que afronta la Argentina luego de los notorios desmanejos económicos de las últimas décadas. Es hora de priorizar y ajustar los objetivos.
Sin embargo, y dada la expertiz, la participación durante décadas en el organismo y el conocimiento de los representantes del sector agropecuario y sus equipos técnicos, hubiese sido positivo que al menos sus opiniones hubiesen sido escuchadas y hasta tenidas en cuenta porque seguramente podrían haber enriquecido las ideas originales de los funcionarios que resolvieron las modificaciones. De lo contrario, sin un fuerte consenso y una raíz sustentable, siempre habrá posibilidad de cambios radicales ante la llegada de nuevos gobiernos que crean tener todo lo necesario para tomar resoluciones estructurales. Se sabe, la producción agropecuaria es de largo plazo y necesita reglas claras, instituciones sólidas y marcos estables para expresar su mayor potencial.
Por eso, las representaciones agropecuarias bregaban por la continuidad de la autarquía del organismo, de su esquema de gobernanza y de la presencia territorial en distintos rincones del país apoyando a pequeños y medianos productores de las más diversas actividades. Sobre esos tres pilares, las organizaciones creían que había mucho por mejorar.
Ahora es tiempo de que el Gobierno aclare el horizonte con mayor precisión sobre el rumbo que pretende para el Inta y el resto de los organismos, más allá de las definiciones generales de intenciones.