Otro ejemplo de lo que podría ser, pero otra vez con los productores afuera

La eliminación momentánea de las retenciones anunciada por el Gobierno el lunes a primera hora y que tenía como fecha tope el 31 de octubre o hasta acumular declaraciones juradas de exportaciones por un valor total de 7 mil millones de dólares, terminó mucho antes de lo previsto y eso hizo que una parte de los productores que aún tenían granos en su poder no alcanzaran siquiera a tomar la decisión de comercializar su producción aprovechando la justicia tributaria.
Siempre que se hable de bajar impuestos, y más los que son tan distorsivos como los derechos de exportación en un país que tiene su principal motor económico en el campo, será bienvenido. Pero esta medida no tuvo un fundamento basado en la necesidad de los productores agropecuarios de lograr una menor presión tributaria, sino que nació de la necesidad del Gobierno, ante una coyuntura turbulenta, de inyectar un volumen significativo de dólares al país.
La gran velocidad con la que se cubrieron las declaraciones juradas de exportación en las primeras 72 horas de vigencia del beneficio tributario hicieron casi imposible que esta ventaja de vender la producción sin aranceles llegara al grueso de los agricultores.
En primer término porque a esta altura del año son pocos los que aún conservan sus granos en el campo. Ahí ya hay un gran corte de oportunidades. Luego de cerrar las cuentas de la última campaña, acordar alquileres y comenzar a planificar el nuevo ciclo con insumos incluidos, hay que visualizar que la gran mayoría de los pequeños y medianos productores agropecuarios ya comercializaron toda su producción.
Pero aún considerando que alguno pudo ingresar por la ventana de oportunidad abierta por el Gobierno el lunes y cerrada el miércoles a última hora (en el caso de los granos, porque luego se decidió extender el beneficio para los cortes de carne sin cupos hasta el 31 de octubre), y teniendo en cuenta además que significó un beneficio importante, la medida no deja de ser una intempestiva y fugaz acción que nada tiene que ver con una baja real de impuestos a la que aluden los productores insistentemente desde hace décadas.
Porque la baja a la que hacen referencia quienes producen refieren a un horizonte de largo plazo. Es sabido que los ciclos agrícolas y especialmente los ganaderos requieren de previsibilidad porque las decisiones que se toman hoy se van a reflejar en 6 u 8 meses en el caso de los agricultores, y en tres años para quienes apuestan a la producción de carne. Una medida de 72 horas es todo lo contrario a lo que requiere el productor.
Sin embargo, una vez más esta experiencia permitió observar rápidamente lo que representa el sector a la hora de generar riqueza. Porque más allá de que no hayan sido productores los beneficiados mayormente con esta medida, sí fueron los que en definitiva produjeron los granos, bajo estas confusas y cambiantes decisiones políticas a las que permanecen atados. Esto revela también que son los que se llevan la parte de las adversidades mientras otros se quedan con los beneficios, aprovechando una vez más la necesidad del Estado, que es el origen de todo.
Es por eso que hay que insistir una vez más en que los cambios repentinos, aún cuando puedan aparentar ser a favor de un sector, como ocurrió esta vez, no deben ser parte de la Argentina que necesita construir las bases de un futuro de certidumbres y reglas claras para todos los actores. Sólo así habrá crecimiento, riqueza y mayor bienestar para el conjunto, y no para unos pocos.