Para el Gobierno, al Inta le sobran más de la mitad de las hectáreas que tiene: ¿se viene la venta?

Entre los argumentos que dio a conocer el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de las 110 mil hectáreas que tiene el organismo técnico, sólo 45% se usan con fines experimentales y de investigación. ¿Habrá remate? ¿Se venderán las mejores o las peores tierras del instituto?

Finalmente el Inta ingresará en terreno de reformas estructurales por decisión del Gobierno nacional que dispuso que deje de ser un órgano autárquico con una conducción colegiada y una territorialidad con presencia en cada rincón del país. Pasará a ser una dependencia dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que a su vez es parte del Ministerio de Economía de la Nación. No habrá un Consejo Nacional ya integrado por representantes del Gobierno, las universidades, las entidades del campo y CREA; ahora habrá un presidente dispuesto por el ministro Luis Caputo que será el responsable de fijar las prioridades y las líneas de investigación.

En ese sentido, una de las críticas que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, marcó para justificar los cambios fue que el Inta había perdido el rumbo y que se dedicaba a hacer estudios sociológicos.

Según el Gobierno, el Inta había perdido su rumbo y se dedicaba a hacer estudios sociológicos. Mencionó allí ejemplos como “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia”, “¡Alto!… Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” o “Comidas del pueblo wichi”. Ignoró en cambio las bibliotecas con estudios relevantes que cambiaron el desarrollo de la agroindustria en el país.

Lo cierto es que lo que había trascendido sobre las reformas que la gestión de Javier Milei preparaba para el Inta finalmente se confirmaron en el Decreto Delegado 462/25 que se publicó en el Boletón Oficial.

Allí se decidió la transformación del Inta en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción colegiada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo que será asistido por un Consejo Técnico ad honorem que preservará la representación de los productores y definirá los lineamientos científicos-técnicos del organismo. Ya no tendrán participación los representantes de las facultades de agronomía y veterinaria del país, entre los cuales estaba el riocuartense Guillermo Bernardes, que dejará de ser consejero nacional. Vale recordar que algunos de esos puntos fueron rechazados por las entidades del campo que reclamaban la continuidad de la autarquía del Inta, su conducción colegiada y la estructura de centros experimentales.

“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, destacó Sturzenegger en un largo hilo de X donde expuso los argumentos para aplicar la motosierra en el INTA.

Esta estructura que se extiende a lo largo de todo el país es la que las entidades del campo querían sostener para garantizar el respaldo a productores de las más variadas actividades agropecuarias que van desde Jujuy a Ushuaia. Incluso, uno de los lugares que podrían comenzar a recortarse son las Agencias de Extensión Rural, como la que funciona en Río Cuarto.

De acuerdo a lo expresado por Sturzenegger, que opera de vocero de los cambios, “su presupuesto de gastos anuales es de $224.000 millones, mientras que los recursos asignados al organismo son de $411.000 millones, provenientes de una contribución sobre las importaciones y una parte de la recaudación de la tasa estadística. ¿El dato que expone el absurdo? Que los $411.000 millones asignados en recursos al Inta equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz”. De allí que algunos productores se preguntaban en redes sociales si ahora la alícuota del impuesto podrá sí bajarse del 12% al que la subió el Gobierno desde la semana pasada a un 6%.

Capítulo tierras y cómo será la venta (y la compra)

Un capítulo central de la reforma que impulsa el Gobierno es la vinculada a las tierras del Inta, que suman 110 mil hectáreas en distintas regiones del país, algunas de las cuales están en plena Pampa Húmeda y tienen un alto valor económico y por lo tanto un alto interés de muchos privados que seguramente estarán dispuestos a quedarse con ellas.

El ministro de Desregulación destacó en ese sentido lo que llamó “un dato revelador: el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre. El informe de la SIGEN (2023) reveló importantes deficiencias en el control: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión. El dislate llegó a tal punto que el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado”, apuntó. Y luego remarcó: “Las fallas eran estructurales, no aisladas”.

Luego Sturzenegger recordó los fines del Inta: “Aún más importante, el funcionamiento del INTA había perdido su rumbo estratégico. Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario. Así, en lugar de generar tecnologías y conocimientos aplicables a la producción, el organismo migró hacia el desarrollo de la agricultura familiar, o financiaba proyectos de investigación más de carácter sociológico que técnico (por ejemplo “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia”, “¡Alto!… Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” o “Comidas del pueblo wichi”)”.

“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial, probablemente a través de mecanismos de cofinanciación con el sector privado”, afirmó Sturzenegger.

Por último, destacó que “la transformación preserva íntegramente las capacidades técnicas del INTA, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia. El objetivo es claro: devolverle racionalidad institucional y reorientarlo hacia su verdadera misión fundacional, que es promover la innovación científica y tecnológica al servicio del desarrollo agropecuario”.