Una decisión oportuna y necesaria, pero que requiere ser ampliada
La decisión del Gobierno nacional de extender el período de baja de retenciones para el trigo llega en un momento oportuno dado que los productores están tomando las decisiones de sembrar o no sus campos en esta próxima campaña fina. Y si bien hay una clara tendencia a ampliar la superficie de trigo por una muy buena condición ambiental fruto de las abundantes lluvias que a partir de febrero se registraron en gran parte de la zona central del país, había regiones que con un mayor nivel de derechos de exportación iban a quedar marginadas del cultivo por una ecuación económica claramente deficitaria.
Es la parte de las explicaciones que siempre los productores intentan transmitir a quienes toman decisiones de política económica: más presión tributaria no siempre es más recaudación porque llega un momento en que esa mochila de impuestos se hace imposible de soportar y se transforma en parálisis. Sin actividad, no hay recaudación. La famosa Curva de Laffer, que muestra gráficamente la relación entre presión tributaria e ingresos fiscales refleja que a partir de cierto nivel impositivo la recaudación comienza a ceder. Y esto se debe a que muchos dejan de pagar porque los incentivos para ello son más importantes que los que ofrece cumplir con las cargas tributarias o bien porque los agentes económicos deciden no producir más. Ese marco teórico es el que se observa nítidamente en la Argentina de las últimas décadas, donde los gobiernos expandieron el gasto sin límites, mientras les cargaban los costos a los sectores registrados. La promesa de recorrer el camino inverso fue uno de los argumentos centrales que llevó al presidente Javier Milei a imponerse en las elecciones de 2023.
No hay posibilidad que el país avance con esta mochila tributaria y menos que comiencen a incorporarse los muchos actores que se mantienen al margen de la formalidad. Si no hay una simplificación tributaria, que baje presión eliminando impuestos distorsivos, superposiciones de cargas entre distintos niveles del Estado y gravámenes absurdos, no habrá posibilidades de salir del pantano.
Hay que destrabar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas. Hay que apostar por incrementar fuerte los volúmenes de producción para que se multiplique el trabajo y los recursos. Hay que dejar de ir a menos y de cazar en el zoológico; eso ya tiene un final que no hace falta espoilear.
Por eso, haber bajado las retenciones a fines de enero a los granos fue una medida en el rumbo correcto. Claro que eso debería ser de manera permanente y como un primer paso para terminar luego en la eliminación total de ese impuesto distorsivo, uno de los factores que llevó a que la producción argentina de granos y carne se haya estancado en las últimas décadas.
Es una buena noticia ahora que el Gobierno decida mantener la baja de esos derechos de exportación para trigo y cebada, pero deberían tener la misma noticia la soja, el maíz, el sorgo y el girasol.
Buena parte del maíz nuevo quedará al margen de esa baja implementada en enero porque recién comenzará la cosecha de manera más generalizada en las próximas semanas y la baja vencerá el 30 de junio. Sin dudas no es una buena señal que las retenciones vuelvan a los niveles anteriores, más allá de que se lo dispuso así desde un principio. Los productores de buena parte del país vienen batallando con la mochila impositiva desde hace años, y acarrean dificultades severas desde la última sequía. Necesitan una señal inequívoca de que los derechos de exportación desaparecerán, sin titubeos, con una hoja de ruta clara, para terminar con los parches y de una vez extirpar de raíz el problema.
