Una reforma tributaria integral para bajar la carga a los sectores productivos del país

Mientras la coyuntura pone nuevamente en foco el debate sobre los derechos de exportación por la decisión del Gobierno de retrotraer las alícuotas actuales de soja, maíz y girasol a los niveles que regían a comienzos de año -como se había anunciado en su momento y muchos pensaban que finalmente no ocurriría-, y extiende la baja para trigo y cebada hasta marzo de 2026, la discusión de fondo sobre el sistema tributario vigente en la Argentina sigue pendiente.
Las retenciones son un factor determinante para la producción agropecuaria y su eliminación debe ser un objetivo inmediato de parte del equipo económico nacional. Como se planteó en infinidad de ocasiones, el cobro de ese tributo provoca, entre otras cosas, que muchas regiones productivas queden sin actividad por una ecuación de quebranto. Esto, claramente no sólo ocurre en soja; esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó en el marco del Congreso Maizar un informe en donde detallaba cómo era el recupero de costos en planteos de maíz en las diferentes regiones y con distintas alícuotas de retenciones. Volviendo al 12% vigente en enero, el NOA y el NEA se pintan de rojo; si se las sostuviera en 9,5% el NEA ingresaría en zona amarilla/verde, mientras que si se eliminaran, toda la columna del NOA, desde el extremo norte en Jujuy hasta el sur santiagueño tendría rentabilidad.
Pero además, aun en la zonas centrales de la Argentina se reduce fuertemente la posibilidad de invertir por parte de los productores debido a la aspiradora de recursos que significa ese impuesto, que además se cobra más allá de cómo resulte la cosecha. Fueron muchos los que ante un evento de sequía o granizo tuvieron rindes exiguos y aun así debieron darle una de cada tres toneladas de soja al Estado, lo que terminó agravando su situación.
El otro factor que no puede dejarse de lado es el destino de los miles de millones de dólares que los productores aportaron durante las últimas dos décadas. Ahí la discusión se profundiza al evaluar en qué se utilizaron los fondos. Al observar el estado de la Argentina hoy no hace falta entrar en detalles.
Pero si la mirada se amplía, las retenciones no deben concentrar toda la discusión. En el país hace falta un debate integral de los impuestos que se pagan. En los últimos meses esta discusión parece ir ganando protagonismo, pero todavía está lejos de comenzar a plasmarse en proyectos concretos.
Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) mostró que en el país existen 155 tipos de impuestos distintos. La misma cantidad que el año pasado, pero con una diferencia: a nivel nacional se eliminó el Impuesto País mientras que muchos municipios crearon uno nuevo para los sistemas de transporte a través de plataformas. Para habilitar los servicios en las ciudades decidieron cobrarles un tributo.
En esa telaraña tributaria hay superposiciones de todo tipo. Se les paga a las provincias y a los municipios por el mismo bien. No hay por ahora planes a la vista de simplificación y rebaja impositiva en los distintos niveles del Estado. La masa de impuestos fue leudando de tal forma que además de la agobiante presión tributaria los distintos niveles de gobierno lograron armar un indescifrable entramado burocrático que insume una enorme cantidad de tiempo y energía poder cumplimentarlo.
Por eso, para liberar el potencial productivo es hora de que intendentes, gobernadores y la Nación aceleren un trabajo que ya no puede seguir esperando.