A horas de una primera reforma trascendental que puede ser una bisagra

Con el fin de enero se acerca aceleradamente el comienzo de la convocatoria a sesiones extraordinarias lanzada por el Gobierno nacional para tratar un tema central: la reforma laboral.
Es uno de los grandes capítulos pendientes en Argentina, que de una vez por todas debe comenzar a modernizarse desde los marcos normativos si no quiere seguir perdiendo terreno en el concierto internacional, aun en sectores donde tiene una alta competitividad comparativa.
La modernización laboral, que no se extingue, según el presupuesto oficial, en un mero articulado referido a estrictas cuestiones del trabajo, sino que avanza también sobre aspectos tributarios, resulta de vital relevancia para apuntalar un cambio de rumbo que el país venía pidiendo a gritos a medida que acumulaba fracasos económicos de las distintas gestiones gubernamentales.
La Argentina con casi la mitad de su economía en la informalidad, con una porción creciente de trabajadores sin derechos, con más de un cuarto de su población en la po breza, no puede continuar por el mismo sendero. Claramente el final es el avismo.
Por eso luego de evitar catástrofes mayores, ahora el Gobierno debe lograr las reformas necesarias para evitar que haya un retorno al sendero negativo por el que transitó el país en las últimas décadas. Modernizar la legislación laboral y quitar costos sobre los empleadores es de vital relevancia para incentivar la creación de nuevos puestos en blanco, que a su vez, implican mejores condiciones para los trabajadores.
Se sabe que en el medio hay resistencias fuertes de corporaciones que se niegan a perder privilegios sectoriales y arrastran así al conjunto. Hasta aquí, se evitó confrontarlas para no correr con costos políticos, pero los resultados fueron peores condiciones para el conjunto de la sociedad y un desincentivo cada vez mayor para aquel que quería emprender o ampliar su empresa contratando nuevos trabajadores.
En ese marco, es imperioso terminar también con la industria del juicio, un capítulo que también genera rechazos de quienes son parte de un jugoso beneficio sin tener en cuenta los enormes perjuicios que implican especialmente para las pymes.
Pero en las últimas horas se sumaron nuevas tensiones; justo antes de iniciarse el debate formal en el Congreso y fue con los gobernadores que no quieren perder recursos a través de una merma en la recaudación de Ganancias que implicaría el texto del proyecto oficialista.
Es que la propuesta oficial tiene apartado de ajustes tributarios y el que puso a los gobernadores en alerta es el que reduce el impuesto a las Ganancias para sociedades, como así también para aquellos que alquilen propiedades con destino a casa-habitación. Vale recordar que el Impuesto a las Ganancias es uno de los principales coparticipables con las provincias.
En ese punto, el respaldo de al menos un sector de los mandatarios provinciales es vital para el tránsito del proyecto en las cámaras. Y la discusión vuelve a empantanarse siempre en el mismo punto: cuando alguien debe resignar recursos. Es que eso implicaría ajustar gastos para compensar las cuentas y allí hay un juego político que dicta lo contrario.
Es imperioso que la reforma laboral esta vez pueda avanzar, tanto como el recorte de la presión tributaria argentina, en los tres escalones del Estado, que alcanzó niveles de insostenibilidad y que empuja a muchos emprendimientos y empresas al borde de la desaparición.