Otra vez la universidad en la calle: sin respuestas y sin recursos
La comunidad universitaria vuelve hoy a ganar las calles en muchas ciudades del país para intentar cambiar un rumbo que parece conducirla inexorablemente a una explanada de letargo con amenaza de parálisis total.
Es que el Gobierno nacional decidió, desde el primer minuto de su gestión, quitar toda relevancia al sistema universitario y relegarlo en las prioridades, especialmente en su financiamiento. Sin recursos, el deterioro es cada vez más visible. En las casas de altos estudios afirman que reciben un 45% menos de fondos que antes de la llegada de Javier Milei al poder, y que los salarios se deterioraron más de un 35% en su poder de compra, siendo de los más afectados en el universo de sueldos formales del país.
Desde la Casa Rosada se viene insistiendo en la necesidad de ajustar a las universidades porque los funcionarios aseguran que hay un despilfarro incalculable de recursos. La primera observación respecto a ese punto es que, si bien posiblemente haya aspectos del manejo de los fondos para optimizar, las casas de altos estudios tienen desde siempre auditorias externas y un complejo entramado de formación de sus órganos de gobierno que sirven también como revisores de los recursos que manejan las conducciones, ya sean de los rectorados o de las facultades. Los consejos de gobierno que funcionan a nivel universidad y de cada facultad no sólo están compuestos por los distintos estamentos de la comunidad universitaria, sino por diferentes (y a veces muy diferentes) espacios de representación política interna. Naturalmente son espacios de debate, cuestionamientos cruzados y contralor.
De todos modos, más allá de estas características del sistema universitario y sus distintas auditorias, el Gobierno insiste en colocar mantos de sospecha sobre su funcionamiento. Sin embargo, hasta aquí, y habiendo transcurrido casi dos años y medio de gestión, no hubo ninguna denuncia concreta sobre lo que insinúa. Pero, mientras tanto, decidió pasar una motosierra recargada en los fondos universitarios que viene generando severas dificultades para sostener la actividad. De hecho, en el inicio de esta semana, y en la previa a la cuarta movilización federal, se decidió profundizar esa política, por ejemplo en la Universidad Nacional de Río Cuarto donde se aplicó un recorte de 680 millones de pesos destinados a infraestructura. Lo hizo bajo el argumento de sostener el equilibrio fiscal en las cuentas estatales, luego de una seguidilla de meses con caída en la recaudación. Allí surgió una inquietante pregunta: ¿el Gobierno se muerde la cola con los ajustes? Es porque hay quienes miran con atención la evolución que viene mostrando la relación entre recortes y actividad: ¿y si a más recortes le siguiera una menor actividad, dónde terminaría la ecuación? ¿Dónde está el punto de equilibrio en la relación de esas dos variables? Es el temor que algunos expresan a esta altura, mientras otros miran con optimismo los últimos datos del Indec sobre actividad industrial y de la construcción, dos sectores claves, que mostraron un leve rebote luego de largos meses de caída. En el Gobierno, y puntualmente en el Ministerio de Economía, se esperanzan y hasta pronostican que a partir de junio vendrán los mejores 18 meses. Desde hace un tiempo, en el mundo empresario, hay más dudas que certezas sobre esa optimista proyección.
Lo cierto es que en ese marco, el panorama para las universidades se fue agravando, mientras el Gobierno parece repetir la misma receta para todos los conflictos: no abrir instancias de diálogo, denostar a quienes reclaman, lanzar sospechas sobre malversación de fondos e intentar ganar en el electorado adhesiones a partir de esa estrategia común. Con las universidades, este último punto parece resistir, especialmente a partir de la primera gran movilización de abril de 2024. Dos años después, el conflicto sigue igual, pero la situación del sistema educativo superior empeoró. Y mientras tanto, miles de estudiantes son víctimas de la falta de clases y exámenes en todo el país.
Frente a esa disputa, aún el Gobierno no explicitó qué modelo educativo pretende para quienes quieren estudiar una carrera de grado o posgrado. Y en esa indefinición pululan las especulaciones: ¿busca eliminar la educación pública superior y avanzar a un esquema plenamente privado? ¿cómo sería? ¿qué pasaría con quienes no pueden afrontar el costo de una carrera? O por el contrario, ¿la gestión de Milei quiere un sistema con educación pública pero bajo un modelo diferente? Nada se sabe sobre las pretensiones de un Gobierno para con un sector clave y determinante para el futuro del país como es el de la educación, ciencia y técnica.
Pero entre las indefiniciones y los recortes, lo cierto es que el modelo de universidad pública que tantas satisfacciones y reconocimientos otorgó al país a lo largo de su historia, vive uno de sus momentos más angustiantes. Sin dejar de lado que es un sistema perfectible, que requiere revisiones profundas, que muestra deficiencias formativas y de tránsito de los estudiantes, pero que en el otro platillo aún expresa un cúmulo de virtudes que buena parte de la sociedad aún valora y busca sostener.
