Al no cambiar el IPC, estiman que el Gobierno se ahorra $5 billones en jubilaciones, AUH y títulos
La polémica de la semana a nivel nacional estuvo ligada nuevamente a una decisión del Gobierno de turno de cambiar decisiones respecto al Indec. Antes lo fue, de manera habitual en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con Guillermo Moreno, y ahora ocurrió lo propio con la de Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Ahora, con un cambio anunciado oficialmente por el organismo de estadísticas el 14 de octubre de 2025 que buscaba actualizar la canasta sobre la que se define el índice de precios al consumidor, que es un dato relevante no sólo para conocer la evolución de los precios de la economía, sino que se toma como referencia para múltiples decisiones privadas y públicas: desde referencia para la negociación paritaria o el incremento de jubilaciones hasta el pago de títulos capitalizables por CER. Por eso se trata de un indicador sensible. La definición del ministro Caputo de no hacer caso al cambio de metodología que buscaba acercar más el indicador a lo que pasa en el día a día de los hogares, hoy con un gasto más significativo en términos relativos en servicios que hace una o dos décadas atrás, generó un ruido impensado semanas atrás que incluyó además la salida del titular del Indec, Marcos Lavagna, un funcionario que había permanecido allí desde la gestión de Alberto Fernández.
Lo cierto es que más allá de las explicaciones de Caputo, en el aire quedó obviamente una sospecha de que detrás de la decisión y el costo político de imitar políticas condenadas durante la gestión del kirchnerismo había razones de relevancia fiscal que podrían afectar a diferentes sectores del entramado social.
Lo cierto es que un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires aseguró que «la marcha atrás en el cambio de canastas para medir el IPC le permitiría al gobierno ahorrarse 5 billones de pesos (casi 0,5% del PBI) por menores aumentos de jubilaciones, AUH, pensiones y pagos por títulos capitalizables por CER».
El trabajo recuerda que el IPC no es «solo» el dato de inflación: también sirve actualizar algunos gastos del Estado Nacional. Jubilaciones, AUH, pensiones y también algunas letras y bonos que capitalizan por CER aumentan de manera automática por el último dato de inflación mensual publicado.
Para estimar el «ahorro» que generaría subestimar el dato de inflación, la gerencia proyectó la suba de precios de 2026 con la estructura de ponderadores de 2004-2005 y la de 2017-2018 (las dos metodologías del Indec en discusión). Por la mayor incidencia de tarifas en la segunda, el informe dio 25,9% y 28,6% dependiendo el esquema utilizado: «de lejos una diferencia menor», señaló.
Sin embargo, también representa un 10% de la inflación total, y por eso el ajuste en los gastos que actualizan por IPC es significativo. Para dimensionar, 5 billones de pesos supera al saldo de los depósitos del Gobierno Nacional en el Banco Central (4,3 billones).
Así, «subestimar el dato de inflación afectará a jubilados y beneficiarios de AUH: una inflación que quede por debajo del aumento del costo de vida real provocará una pérdida del poder de compra de estos sectores, aun cuando las estadísticas no lo reflejen», sentenció el informe.
