Carolina Basualdo: «No estamos hablando de un Excel, estamos hablando de humanidad»

La diputada nacional Carolina Basualdo, del bloque Provincias Unidas, fue una de las voces del debate en comisiones sobre la emergencia en discapacidad. En diálogo con Entre Líneas, cuestionó los cambios que aparecen en el proyecto de Presupuesto y defendió la vigencia de la ley.

Basualdo recordó que su bloque siempre tuvo «una posición muy clara»: acompañar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Por eso, contó, habían votado a favor del emplazamiento para tratar el tema en comisiones. Pero «de buenas a primeras» apareció el Presupuesto con la derogación de artículos de la ley de emergencia, algo a lo que, dijo, «claramente nos oponemos porque viene a romper con el sistema».

Explicó que participó del debate junto a la secretaria de Salud Liliana Montero y a organizaciones cordobesas, a las que ayudó a coordinar para que expusieran la situación de los transportistas y de las instituciones «que hoy sostienen el sistema a pesar del incumplimiento en los pagos y de las compensaciones». A su juicio, el Congreso «debería garantizar el cumplimiento de algo tan básico como los derechos de las personas con discapacidad».

La diputada se opuso al intento de modificar un artículo de la ley 24.901, que da «universalidad y equidad» independientemente de la obra social o del lugar del país donde viva la persona. Sostuvo que, en un contexto en el que los padres «tienen que luchar» para que les den la prestación y los prestadores no cobran, dejar que «el mercado arregle» quién paga y cuánto sería «dejar en abandono a las personas con discapacidad».

Advirtió además que cada obra social y cada prestador fijaría su propio precio, y remarcó que las organizaciones que acompañan a las familias son las que hoy «ayudan y sostienen al sistema». Sobre el transporte, señaló que «viene un 40% por debajo del costo real» y que, sin él, «tampoco hay posibilidad de que la familia lleve» a un niño, joven o adulto a sus terapias.

Basualdo se refirió también al punto que suspendería la pensión a quienes acceden a un empleo formal. Planteó que, con menos puestos de trabajo cada día, sería muy difícil para una persona con discapacidad recuperar la pensión si pierde el empleo, en un país donde, según dijo, «hay más de 227.000 pensiones sin respuesta del Gobierno nacional». Definió la situación de las prestaciones como «muy grave».

La legisladora insistió en el costado humano del debate: «No estamos hablando de un Excel o de un número. Detrás de una prestación que no se da hay una persona que no llega a cumplir sus objetivos, que no puede mejorar su capacidad motriz». Para los niños, agregó, «una no prestación es un retroceso en su desarrollo integral».

Por eso pidió que se cumpla lo que establece la ley de emergencia, que, señaló, «en parte no se está cumpliendo»: las compensaciones, insistió, «todavía no tienen novedades de pago».