Un contrapeso necesario que no debe ser una excepción

El cuestionamiento sistemático de las decisiones judiciales cuando son contrarias a los intereses de determinados sectores se volvió una práctica constante en la Argentina, lo que llevó a menoscabar el rol fundamental que tiene el Poder Judicial en el equilibrio de una República.

Se sabe de las severas deficiencias que tiene ese poder, que está lejos de ser el ideal: demoras en el avance de las causas, juzgados superados por los expedientes que se acumulan, vacantes -que llegan incluso a la Corte Suprema de Justicia- y subrogancias que se multiplican en todo el país, déficit de instrumentos y herramientas, entre muchas otras. Pero aun así, la relevancia de la Justicia es de vital importancia como contrapeso de los poderes políticos.

Esta semana hubo una vez más una decisión, en este caso del máximo tribunal del país, que ratificó lo que las otras dos instancias inferiores habían decidido. Porque esa es otra característica central de la estructura judicial: tribunales de alzada que permiten revisar lo actuado por niveles inferiores para asegurar a los judiciables que puedan contar con las máximas garantías.

La causa denominada Vialidad, que comenzó a tomar forma hace más de una década, tuvo como protagonista central -aunque no fue la única- a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pasaron tres gobiernos de distinto signo político y tres sentencias, todas en el mismo sentido. La última, la de la Corte que, aún con su conformación de tres miembros, resolvió por unanimidad.

Vale recordar que uno de los integrantes, Horacio Rosatti, fue intendente por el justicialismo en Santa Fe, procurador del Tesoro en 2003 durante la gestión de Néstor Kirchner y al año siguiente, nombrado ministro de Justicia de ese mismo Gobierno. Años más tarde fue propuesto por el expresidente Mauricio Macri para integrar la Corte, primero por decreto y luego con un tránsito por el Senado donde su pliego alcanzó amplio respaldo, incluso en la bancada del kirchnerismo.

Descalificar a los fallos judiciales o a los jueces intervinientes es también una forma de evitar el fondo de las causas, sus orígenes y sus consecuencias. Suelen ser respuestas políticas que intentan quitar de foco lo relevante.

En este caso en particular, hay además un intento de convertir a una triple decisión judicial en un golpe a la democracia, argumentando una arbitrariedad que “sólo busca sacar de la cancha” a una candidata de las próximas elecciones.

En un sistema republicano, la división de poderes es la custodia del equilibrio y el remedio ante tensiones que puedan provocar actores de la vida institucional. El contrapeso es garantía del funcionamiento. Cuando uno de los poderes prevalece sobre los otros, o hay una intención de que así sea, hay un claro debilitamiento del sistema.

En ese esquema, el Poder Judicial es el contralor de los otros dos. Y para garantizar el derecho a la Justicia es que a su vez existen instancias de alzada. La decisión en la causa Vialidad pasó por los tres escalones judiciales posibles e intervinieron numerosos jueces y fiscales, y todos coincidieron en el veredicto. Tal vez la excesiva demora, en esta y otras muchas causas que se dirimen en distintos tribunales, provocó también cierto descreimiento en las instituciones. Pero no hay riesgo para el sistema cuando los poderes cumplen con su rol. Sólo hay riesgos para la democracia cuando uno de ellos interviene y decide por alguno de los otros dos. No hay democracia si no hay un estado de derecho firme; si no hay igualdad ante la ley, sin importar personas o cargos. Por eso, los acontecimientos de esta semana ayudan a generar esperanzas por una Patria mejor para todos.