Biocombustibles: un proyecto de Bullrich entusiasma a las etanoleras y productoras de biodiésel
En el marco de la pandemia, el Gobierno de Alberto Fernánez, a través del diputado santafesino Marcos Cleri, impulsó un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que dejó a las empresa productoras a contramano. Lejos de las expectativas de las etanoleras y de las plantas de biodiésel, el marco regulatorio que reemplazó al original de 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente, marcó un cepo para el crecimiento de un sector clave. Ahora, luego de muchas idas y vueltas, que incluyó un capítulo en 2025 donde el oficialismo terminó quitando respaldo a una iniciativa surgida desde la Liga Bioenergética (integrada por empresas del sector y provincias productoras de biocombustibles) para reemplazar la «Ley Cleri», llega una propuesta presentada en el Senado por Patricia Bullrich que parece finalmente aunar criterios y tener chances de avanzar en el Congreso. Al menos esa fue la señal que surgió desde las industrias etanoleras de maíz radicadas principalmente en Córdoba; las de caña de azúcar, ubicadas en Tucumán, Salta y Jujuy; y las de biodiésel, con fuerte presencia en el polo porteño de Rosario.
«El proyecto es bueno. Después de mas de 10 años sin crecimiento, se establece un corte obligatorio del 15% y un mercado libre por encima de ese umbral, con autos flex. Nosotros acompañamos», sintetizó un referente del etanol en Córdoba, dando crédito a la iniciativa del oficialismo.
Vale recordar que actualmente el etanol, que tiene dos fuentes de origen -maíz y caña de azúcar-, corta en un 12% el litro de naftas y hay un gap reciente para llegar al 15% si las empresas petroleras lo necesitan. El proyecto Bullrich determina que el corte obligatorio del 12% seguirá por 12 meses y luego pasará al 15%, es decir, en el surtidor, en cada litro de nafta, debería haber 150 centímetros cúbicos de alcohol. «La autoridad de aplicación podrá modificar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad», remarca la iniciativa de la senadora.
En el caso del gasoil, es un esquema similar: el corte pasaría del 5% actual al 7,5% y luego de 12 meses llegaría al 10%. Ese último porcentaje era el que regía hasta la aprobación de la «Ley Cleri» que bajó el corte obligatorio del 10% al 5%. «Quedará exceptuado de la mezcla obligatoria con biodiesel el gasoil o diésel oil comercializado para ser utilizado en embarcaciones fluviales y marítimas, minería, combustibles de primer llenado, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos, centrales eléctricas y zonas frías patagónicas; así como otras excepciones que mediante acto fundado determine la autoridad de aplicación», aclara el proyecto que ya tuvo ingreso en la Cámara Alta.
En ambos biocombustibles, el proyecto oficialista aclara que la autoridad de aplicación (Secretaría de Energía) «podrá modificar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad».
Pero además, deja la puerta abierta a que las mezcladoras (petroleras) puedan ampliar el corte de manera voluntaria, conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace, hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición
fisicoquímica del producto final, pudiendo adquirir dichos biocombustibles adicionales a cualquier empresa elaboradora.
En este punto hay un dato que corre por detrás: la Argentina importa nafta y gasoil porque no alcanza a producir con sus refinerías el volumen necesario para abastecer el mercado interno. Es decir, si aumenta el corte con biocombustibles podría tener impacto en la balanza comercial porque se ahorraría dólares.
Por otro lado, uno de los puntos más innovadores del nuevo marco normativo es el dispositivo de comercialización o de intercambio entre productoras de biocombustibles y mezcladoras. La iniciativa propone instrumentar un Mercado Electrónico que concentre «la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, administrado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos y bajo estándares internacionales de comercio. En dicho Mercado, los elaboradores y mezcladores podrán realizar sus ofertas de venta y compra respectivamente en precio y volumen, y arribar a un acuerdo mutuo». Y se fija otra condición clave: los precios máximos no podrán superar, en etanol o biodiésel, el máximo que determine la paridad de importación. En definitiva, no podría darse el caso de que el valor del litro de etanol o biodiésel adquirido en el mercado interno sea más caro que el importado.
Por último, el proyecto también autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel para el uso de bioetanol y biodiesel en mezclas con cortes superiores a los porcentajes obligatorios establecidos en la presente ley, en función de las tecnologías automotrices disponibles, resultando aplicable tanto para vehículos nuevos como modificados conforme a la normativa reglamentaria que desarrolle la autoridad competente.
