Caso Agostina: el femicidio que desató una disputa política

Mientras se conocen datos conmocionantes sobre el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que apareció asesinada el sábado en un descampado de Córdoba, la política cordobesa está embarcada en una disputa por el costo político del caso: la oposición avanzó con una serie de fuertes cuestionamientos al gobierno y pedidos de jury a los fiscales, mientras que el oficialismo inició, después de un período inicial de confusión y mutismo, un intento por atenuar el impacto negativo en su nivel de imagen.

No hay manera de que un caso como el de Agostina no genere costo político; lo que está haciendo la gestión de Martín Llaryora va en dos sentidos: está tratando de buscar cercanía con las víctimas y, por otro lado, efectividad a la hora de la investigación.

Hubo un momento inicial de confusión que quedó plasmado en la desafortunada conferencia de prensa que el sábado dieron en conjunto el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Garzón provocó un revuelo por lo que dijo y cómo lo dijo; Quinteros, por lo contrario: siempre tan locuaz, en ese momento no dijo ni una palabra.

Pero después hubo una segunda instancia del Ejecutivo que apuntó a tratar de revertir ese primer momento de negatividad ante la sociedad. Primero, el gobernador Llaryora recibió a los abuelos de Agostina, a quienes les garantizó que va a poner los recursos técnicos y humanos que sean necesarios para tratar de que no haya impunidad: que si Claudio Barrelier tuvo cómplices, que paguen todos. Ese encuentro con el gobernador contribuyó a atenuar la bronca del reclamo de la familia con respecto al poder político. Además, el propio Quinteros siguió en la misma línea y dijo que si los familiares de Agostina en algún momento se sintieron abandonados, que les pedía disculpas. Es decir, humanidad y autocrítica después de la confusión inicial.

El aspecto que principalmente le juega en contra al oficialismo, más allá del crimen en sí mismo como hecho shockeante, es que Barrelier haya sido empleado municipal con vínculos políticos y que haya seguido integrando la planta estatal a pesar de tener una causa reciente por privación ilegítima de la libertad; un caso que data de 2025 en el que la víctima también fue una joven que, por milagro, logró escapar. La pregunta que surge es por qué el acusado zafó de aquel episodio sumamente violento y, además, por qué siguió trabajando en el Estado. El testimonio de Ricardo Moreno, el concejal que habría hecho entrar a Barrelier como empleado municipal tampoco ayuda mucho.

En ese punto está haciendo hincapié la oposición para tratar de generarle al gobierno el mayor daño político posible. Y la emprende también contra los fiscales -Garzón e Iván Rodríguez, quien dejó libre a Barrelier en el caso de privación ilegítima de la libertad- como representantes de un poder que engloba a la política y la Justicia.

El caso Agostina ya tuvo un primer y concreto efecto político en el oficialismo: Juan Pablo Quinteros, que estaba siendo posicionado por el gobierno provincial como posible candidato a intendente para reemplazar a Daniel Passerini el año próximo, ha quedado fuera de carrera para alcanzar el poder en la capital provincial. Ahora, con el correr de los días y las semanas, resta ver cuán profundo termina siendo el daño para el oficialismo y con qué éxito es capaz el gobierno de aplicar su estrategia de control de la onda expansiva.